Consultoría de Compliance para Empresas y Pymes

El artículo 31 bis del Código Penal (introducido por la LO 5/2010, reformado sustancialmente por la LO 1/2015) establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Una empresa puede ser condenada penalmente por delitos cometidos por sus directivos (en su nombre y beneficio) o por empleados cuando ha existido un fallo grave de supervisión. El mismo artículo establece que la empresa puede quedar exonerada si, antes del delito, disponía de un modelo adecuado de prevención que era supervisado eficazmente por un órgano autónomo de compliance, y si el delito fue cometido eludiendo fraudulentamente los controles.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, transpone la Directiva europea 2019/1937 y obliga a todas las empresas con 50 o más empleados a establecer un sistema interno de denuncias. Las empresas de 50 a 249 empleados pueden compartir recursos. La AIPI (Autoridad Independiente de Protección del Informante) opera desde septiembre de 2025 y ya está sancionando activamente. Las empresas deben notificar a la AIPI al responsable del sistema. Las sanciones por carecer de sistema van de 600.001 € a 1.000.000 € (infracción muy grave), más prohibición de recibir subvenciones durante 4 años y de contratar con la Administración durante 3 años.

El Art. 31 bis del Código Penal exige un órgano autónomo responsable de supervisar el programa de compliance. En micropymes, esta función puede recaer en el administrador. En empresas con 50 o más empleados, un compliance officer dedicado (interno o externo) es muy recomendable y prácticamente necesario para que el programa sea legalmente efectivo. Externalizar este rol en una consultora como Tecnocim ofrece supervisión profesional, independencia y monitorización regulatoria sin el coste de un empleado a tiempo completo. Los servicios de compliance officer externo parten de aproximadamente 90 €/mes para empresas más pequeñas.

La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, 2022/2464) obliga a las empresas a publicar informes anuales de sostenibilidad bajo los estándares europeos ESRS. La segunda oleada aplica a empresas que cumplan dos de tres criterios: más de 250 empleados, 50 M€ o más de facturación, o 25 M€ o más de activos totales. Su primer informe cubre el ejercicio 2025 y se publica en 2026. Actualización importante: la Directiva Ómnibus I (2026/470/UE, de 26 de febrero de 2026) reduce significativamente el alcance de la CSRD, excluyendo aproximadamente al 90% de las empresas inicialmente afectadas a partir de los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2027.

La exposición es multinivel. En el ámbito penal (Art. 33.7 CP): multas de hasta 20 M€ o 4% de la facturación global anual, disolución de la empresa, prohibición de contratar con la Administración y clausura de establecimientos. En canal de denuncias (Ley 2/2023 / AIPI): multa administrativa de hasta 1.000.000 €, más prohibición de recibir subvenciones durante 4 años y veto a la contratación pública durante 3 años. En protección de datos (RGPD / AEPD): hasta 20 M€ o 4% de la facturación global por infracciones graves; la AEPD impuso 40 M€ en sanciones en España en 2025. En inteligencia artificial (AI Act): hasta 35 M€ o 7% de la facturación global desde agosto de 2026.