La Ley de la morosidad existe desde el 2004, estipulando que el pago a proveedores se debería realizar a 30 días desde la recepción de la mercancía o servicio, o bien a 60 días máximo si existe pacto entre las partes. Sin embargo, según algunas fuentes consultadas, en 2022 el promedio de las pymes pagó a 80 días.
Debido a la entrada en vigor el 19 de octubre de 2022 de la Ley Crea y Crece, se actualiza La Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, articulo 13 y 31).
¿Cuál es el impacto en las subvenciones?
Para solicitar una subvención superior a 30.000 euros, las empresas tendrán que acreditar cumplir la Ley de Morosidad. Es decir para las empresas beneficiarias de las ayudas, se exige que los gastos justificados de los proyectos hayan sido pagados dentro del plazo de la normativa sectorial o, en su defecto en los plazos establecidos en la Ley de Morosidad.
¿Cómo se acredita el cumplimiento?
Si la empresa puede presentar una cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, entonces puede presentar una declaración del responsable de la empresa, o un Informe de Procedimientos Acordados (IPA).
Si la empresa no puede presentar cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, entonces debe presentar un certificado emitido por un auditor de cuentas ROAC, o un Informe de Procedimientos Acordados (IPA). A diferencia de la certificación no tienen que estar las CCAA cerradas, sino que se elabora a partir de las facturas del ejercicio corriente. Según hemos visto lo normal es que la administración conceda 10 días hábiles para responder a este requerimiento.
¿Cuál es el nivel mínimo de cumplimiento?
En esta Ley 18/2022 se pone de manifiesto que el pago a proveedores a menos de 60 días sea de al menos 90% de los pagos.
¿Qué subvenciones afectan?
Todas las subvenciones publicadas a partir del 19 de octubre del 2022 y para las que se publiquen en adelante (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio).